Si sigues a influencers en redes sociales, seguramente te habrás preguntado alguna vez:
¿realmente recomiendan ese producto porque les gusta… o porque les pagan por ello? La línea entre la opinión personal y la promoción comercial se ha vuelto cada vez más borrosa. Y lo que antes era una simple duda ética, hoy es también una cuestión legal.
En este contexto, estudiar el Grado en Derecho cobra una dimensión más actual y relevante que nunca. Las nuevas generaciones de juristas deben comprender no solo los principios clásicos del derecho, sino también los dilemas que plantea una sociedad hiperconectada, donde una publicación en Instagram puede desencadenar un proceso judicial.
La publicidad encubierta no es nueva. Desde hace décadas, se regula en medios como la televisión o la prensa escrita. Pero con la expansión de plataformas como Instagram, TikTok o YouTube, el fenómeno ha adoptado nuevas formas, muchas veces camufladas como recomendaciones espontáneas. Cuando un influencer muestra una marca sin aclarar que ha recibido dinero o un producto gratuito a cambio, está ocultando la naturaleza comercial de ese contenido. Y eso, según la legislación española, puede considerarse una práctica desleal y sancionable. No es solo una cuestión de transparencia; es una forma de proteger al consumidor frente a mensajes que pueden influir en sus decisiones sin que lo sepa.
España ha avanzado en los últimos años para regular este tipo de situaciones. Existen varias leyes que abordan la publicidad encubierta desde distintas perspectivas: La Ley de Competencia Desleal (1991) establece que ocultar el carácter publicitario de una comunicación es una práctica engañosa.
La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (2007) refuerza este principio, al proteger a los ciudadanos frente a prácticas comerciales deshonestas.
La Ley General de la Comunicación Audiovisual (2022) introduce medidas más claras para quienes generan contenidos en línea.
Además, en 2021 se lanzó el Código de Conducta sobre el uso de influencers en la publicidad, impulsado por AUTOCONTROL y la Asociación Española de Anunciantes.
Este código establece que los influencers deben etiquetar de forma clara sus contenidos patrocinados con términos como #publicidad, #publi o #ad. Su incumplimiento no solo afecta a la reputación del creador, sino que puede acarrear multas de hasta 100.000 euros, especialmente si se considera que hay intención de inducir a error.
Aunque aún no abundan las sentencias judiciales, sí hay casos que han puesto sobre la mesa este debate jurídico y ético. Uno de los más conocidos es el de Marta Díaz, influencer con millones de seguidores en Instagram, quien fue investigada en 2022 por no etiquetar correctamente colaboraciones comerciales. La CNMC no impuso sanción, pero su intervención marcó un punto de inflexión.
También destaca el caso de ElRubius, uno de los youtubers más populares del país, que fue criticado por promocionar un videojuego sin aclarar que existía una relación comercial. En ambos casos, aunque no hubo condena judicial, sí se produjo un fuerte cuestionamiento social y un cambio en las prácticas de muchos creadores.
Estos ejemplos revelan que el derecho está reaccionando —a veces con retraso— a una realidad cambiante. Y que serán los futuros juristas quienes deban liderar esta transformación desde dentro del sistema.
El derecho ya no es una profesión anclada exclusivamente en los tribunales. Hoy, quienes estudian una carrera de abogado pueden especializarse en ámbitos tan diversos como el derecho digital, la protección de datos, el asesoramiento a empresas de comunicación o incluso el diseño de políticas públicas para la regulación de redes sociales.
Los influencers y agencias de marketing necesitan cada vez más asesoría legal para cumplir con la normativa vigente. Y aquí es donde entra en juego una formación jurídica completa y actualizada, como la que ofrece la facultad de Derecho de la Universidad del Atlántico Medio. A través de asignaturas como Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho de las TIC o Ética Jurídica, el alumnado adquiere las herramientas necesarias para desenvolverse con solvencia en estos entornos digitales.
En un mundo donde los cambios tecnológicos superan muchas veces la capacidad de respuesta de la ley, formarse como jurista exige ir más allá de los códigos. Supone entender los nuevos hábitos sociales, las plataformas emergentes y los derechos que se ven afectados en cada interacción digital.
El plan de estudios de Derecho en la UNAM está diseñado precisamente para formar profesionales con visión crítica, dominio normativo y sensibilidad social. Desde el primer curso, se trabaja con metodologías activas y análisis de casos reales, preparando al alumnado para los retos actuales de la profesión jurídica.
Elegir una licenciatura en Derecho hoy no es solo elegir una profesión tradicional. Es optar por una carrera versátil, con capacidad de impacto real en la vida de las personas, y que ofrece salidas profesionales en sectores tan diversos como la empresa, la tecnología o la comunicación.
¿Te has preguntado quién protege tus derechos cuando ves una publicación patrocinada? Tal vez mañana seas tú quien, desde tu despacho, ayude a garantizar que la publicidad sea transparente, legal y justa. Estudiar Derecho es también estudiar el presente. Y decidir cómo será el futuro.